El Congreso aprueba 66 nuevos jueces federales en medio de un feroz enfrentamiento partidista.

En un movimiento significativo que ha desatado una feroz batalla partidista en el Congreso, la Cámara de Representantes ha aprobado una legislación para crear 66 nuevos asientos en los tribunales de distrito federal durante la próxima década, desafiando la amenaza de veto del presidente Biden. La medida fue aprobada con un voto de 236 a 173, pero se encontró con una fuerte oposición de los demócratas, que son cautelosos ante la posibilidad de otorgar al presidente electo Donald J. Trump el poder de nombrar un número sustancial de jueces. Los partidarios de la legislación, principalmente republicanos, argumentan que la medida es urgentemente necesaria para abordar el creciente atraso y la acumulación de casos en el sistema judicial federal. Los puestos de juez propuestos se llenarían en un calendario escalonado, potencialmente abarcando los mandatos de tres presidentes diferentes y seis Congresos, con el objetivo de aliviar la presión sobre el sistema judicial. Sin embargo, la dinámica de la votación cambió drásticamente después de las elecciones presidenciales. Antes de la victoria de Trump, algunos demócratas habían mostrado apoyo a la legislación, pero muchos cambiaron de postura una vez que quedó claro que estarían entregando nuevos nombramientos de por vida a un presidente republicano. Esto ha llevado a acusaciones por parte de los demócratas de que los republicanos orquestaron una estrategia para retrasar la votación hasta después de las elecciones, asegurando que Trump pudiera beneficiarse de los nuevos puestos judiciales. El representante Hank Johnson, un demócrata de Georgia, expresó fuertes objeciones al momento, sugiriendo que era similar a "manipular el juego". Este sentimiento fue compartido por otros demócratas que sintieron que el proceso había sido manipulado para favorecer a los republicanos, ya que creían que el avance de la legislación estaba cronometrado para coincidir con una victoria presidencial republicana. Por otro lado, los legisladores republicanos desestimaron las preocupaciones demócratas como un “berrinche” en respuesta a los resultados electorales. Argumentan que el proyecto de ley no es inherentemente partidista, insistiendo en que la estructura permite que futuros presidentes llenen las vacantes de jueces a medida que surjan, limitando así el potencial de que un solo partido domine los nombramientos. A pesar de la atmósfera conflictiva, grupos de defensa legal han instado al presidente Biden a reconsiderar su posición sobre la legislación, enfatizando la necesidad de jueces adicionales para manejar la creciente carga de casos, que ha aumentado más del 30 por ciento desde la última expansión significativa de los puestos de jueces hace tres décadas. Asociaciones legales prominentes han señalado que los retrasos en los procesos judiciales plantean serios desafíos para el acceso a la justicia para muchos estadounidenses. Mientras la administración Biden se prepara para vetar la legislación, algunos líderes demócratas, como el representante Jerrold Nadler, han señalado su disposición a revisar el proyecto de ley bajo diferentes circunstancias, sugiriendo que las discusiones podrían reanudarse después de la presidencia de Trump. Nadler expresó preocupaciones sobre la expansión de los poderes presidenciales, indicando que la posibilidad de que Trump nombrara jueces adicionales podría tener implicaciones de gran alcance para el poder judicial y el equilibrio de poder. El debate en torno a esta legislación refleja tensiones más amplias dentro de la política estadounidense, ya que ambos partidos navegan por las implicaciones de los nombramientos judiciales en un gobierno dividido. El resultado de esta batalla legislativa sigue siendo incierto, pero subraya las profundas divisiones que caracterizan el discurso político contemporáneo en Washington. A medida que avanza el tiempo, la pregunta persiste: ¿mantendrá la administración Biden su firmeza contra el empuje liderado por los republicanos, o prevalecerá el pragmatismo político ante una crisis judicial apremiante?