Congresista Yarrow propone ley para garantizar transparencia en candidaturas políticas

La congresista Norma Yarrow, representante de Renovación Popular, ha presentado un proyecto de ley que busca reformar las condiciones bajo las cuales los candidatos a cargos de elección popular pueden postularse. Su iniciativa se fundamenta en la necesidad de garantizar la idoneidad y la transparencia en los procesos electorales, prohibiendo la postulación de individuos que cuenten con sentencias condenatorias en primera instancia. La propuesta establece que cualquier sentencia condenatoria, ya sea de pena privativa de libertad efectiva o suspendida, que afecte a los fundadores, directivos y otros miembros de las organizaciones políticas, imposibilitaría su inscripción en las elecciones. Según Yarrow, esta medida es crucial para asegurar que los partidos políticos presenten a personas que no solo sean competentes, sino también éticamente responsables y sin antecedentes delictivos. Además, Yarrow ha detallado que los partidos deberán presentar un "certificado negativo de antecedentes penales, policiales y judiciales" al momento de formalizar su inscripción o cuando realicen elecciones primarias. Este requisito busca crear un filtro que ayude a depurar a aquellos que no cumplen con los estándares mínimos de conducta exigidos para el ejercicio de la función pública. En el acta de fundación de cada organización política, se deberá incluir una declaración en la que se certifique que ninguno de sus dirigentes tiene sentencias en primera instancia. Asimismo, estos estatutos tendrán que especificar claramente los impedimentos para que sus miembros puedan ocupar cargos de dirección o representación dentro del partido. El incumplimiento de estas normativas no solo afectaría la inscripción de los partidos, sino que también podría derivar en la cancelación de la misma, así como de las candidaturas de aquellos postulantes que no cumplan con estas disposiciones. Yarrow enfatiza que esta es una herramienta necesaria para fortalecer la democracia y el Estado de derecho en el país. "Nuestra propuesta aborda esta deficiencia de la representación política dentro de su propio sistema democrático", explicó la legisladora, quien considera que la transparencia en la selección de candidatos es fundamental para recuperar la confianza de la ciudadanía en sus instituciones. La falta de antecedentes judiciales en los postulantes, según Yarrow, contribuiría a una representación más fiel a las demandas sociales. La congresista también ha señalado que los procesos de investigación y las condenas judiciales que afectan a los políticos actuales debilitan la representación y perpetúan la insatisfacción en la población. Esto incluye un llamado a la reflexión sobre cómo los escándalos de corrupción han erosionado la fe pública en los partidos y sus representantes. El proyecto de ley plantea modificaciones a varios artículos de la Ley N° 28094, conocida como la Ley de Organizaciones Políticas. Este cambio legislativo no solo busca establecer un marco normativo más riguroso, sino que también pretende fomentar un entorno político más sano donde los ciudadanos puedan elegir a sus representantes sin temor a que estos tengan antecedentes que cuestionen su integridad. El debate sobre esta iniciativa no solo se centrará en la legalidad de los requisitos propuestos, sino también en cómo esto afectará la dinámica de los partidos políticos y la posibilidad de que personas con trayectorias controvertidas sean excluidas del proceso electoral. La propuesta de Yarrow ha generado reacciones diversas entre sus colegas, quienes reconocen la necesidad de cambios en el sistema, pero que también plantean interrogantes sobre la viabilidad de implementar tales restricciones en un entorno político ya marcado por su complejidad. Con el avance de esta propuesta, el futuro electoral peruano podría enfrentar un cambio significativo en la forma en que se eligen a los líderes políticos, marcando un paso hacia una mayor exigencia de integridad y responsabilidad en el servicio público. La discusión que se avecina en el Congreso será clave para determinar si efectivamente se implementarán estas medidas y cómo impactarán en la política nacional a largo plazo.