Debate en Perú por modificación del Código Procesal Penal y su posible inconstitucionalidad

La reciente aprobación del dictamen que modifica el Código Procesal Penal para permitir que la Policía Nacional del Perú (PNP) dirija las investigaciones preliminares de delitos ha suscitado un debate intenso y polarizado en el país. El consenso entre expertos y la Junta de Fiscales Supremos es que esta medida podría ser inconstitucional, lo que ha llevado a voces influyentes, como la del presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, a expresar serias reservas sobre la normativa. Salhuana, durante una entrevista, no dudó en señalar que el artículo 159 de la Constitución establece de forma clara que la conducción de las investigaciones corresponde exclusivamente al Ministerio Público. Este punto, según él, abre la puerta a la posibilidad de una inconstitucionalidad que podría ser revisada por el Tribunal Constitucional o incluso observada por la presidenta Dina Boluarte. La advertencia de Salhuana resalta la gravedad de la situación, considerando que la reforma podría interferir en la función fundamental del Ministerio Público en la persecución del delito. El tema ha generado un clima de incertidumbre y desconfianza en la población, que ya enfrenta retos significativos en términos de seguridad. A pesar de que la modificación se argumenta desde un enfoque de eficiencia y combate a la criminalidad, muchos se preguntan si la PNP está realmente preparada para asumir esta nueva responsabilidad. Salhuana hizo hincapié en la necesidad de fortalecer a la institución policial, dotándole de los recursos logísticos y humanos necesarios para llevar a cabo una tarea de tal envergadura. Históricamente, la PNP ha tenido momentos en los que su papel en la investigación criminal fue más activo, sin embargo, su estado actual plantea dudas sobre su capacidad operativa. Muchos ciudadanos cuestionan si una retribución de funciones es la solución adecuada o si es preferible invertir en el fortalecimiento del sistema existente. En este sentido, Salhuana enfatizó la importancia de que el presupuesto nacional refleje esta necesidad urgente de mejora antes de fin de año. Además, el presidente del Congreso abordó otros temas de interés público, como la situación de los nuevos ministros del gabinete. Tras ser consultado sobre las controversias en torno a ciertos funcionarios, Salhuana mostró su confianza en que estos aclararán cualquier duda que pueda surgir sobre su idoneidad y desempeño, considerando que la transparencia es un elemento crucial en la gestión pública. La estabilidad del gabinete es otro de los aspectos que Salhuana considera vital para el funcionamiento del Estado. La rotación frecuente de ministros, según él, puede afectar negativamente la continuidad y la eficacia en la implementación de políticas públicas. Con un entorno político ya convulso, cualquier cambio abrupto podría generar desconfianza y afectar la colaboración interinstitucional necesaria para enfrentar los problemas más apremiantes del país. En medio de este panorama, la posible devolución de facultades de investigación a la PNP también ha levantado preocupaciones sobre conflictos de interés y la falta de claridad en la distribución de responsabilidades entre las distintas instituciones del Estado. La pregunta que persiste es cómo se puede garantizar la independencia de las investigaciones en un contexto donde la PNP podría verse presionada por intereses políticos. Por otro lado, Salhuana también tocó el tema de la pensión vitalicia del ex presidente Alberto Fujimori y la reciente aprobación de facultades investigadoras para la Comisión de Fiscalización, enfatizando la necesidad de que estas indagaciones se realicen con transparencia y conforme a la ley. La población espera respuestas claras y contundentes sobre estos temas que han estado en la agenda pública durante años. Mientras el país se sumerge en este debate, la presión para que el Ejecutivo tome decisiones claras y contundentes se incrementa. La posibilidad de que la reforma sea observada por la presidenta Boluarte podría ser un paso hacia la contención del descontento social y la búsqueda de un camino más estable y menos conflictivo en el ámbito judicial y policial. En conclusión, la reciente modificación del Código Procesal Penal representa no solo un cambio en el marco legal, sino también un desafío significativo para la gobernanza y la confianza pública en las instituciones. La situación exige un análisis cuidadoso y una discusión abierta que contemple todas las aristas del tema, asegurando que cualquier decisión final priorice la justicia y el bienestar de la ciudadanía.