Crisis política en Perú: desconexión entre ciudadanos y sus representantes

La situación política en Perú se presenta como un fenómeno complejo y preocupante. En un contexto donde las instituciones tradicionales parecen haber perdido su efectividad, el país ha visto un surgimiento de un nuevo orden que, aunque caótico y patrimonialista, ofrece una semblanza de estabilidad. Este nuevo escenario ha transformado la manera en que los actores políticos interactúan con el poder, llevándolos a buscar no solo mantener una hegemonía, sino también a fraguar estructuras que les permitan maximizar el beneficio personal a expensas del bien común. En este nuevo contexto, los congresistas han tomado decisiones que parecen estar desconectadas de la realidad que viven los ciudadanos. La posibilidad de transformar el salón Porras Barrenechea en un salsódromo refleja cómo las prioridades de los legisladores se han desviado de su deber fundamental: representar y defender los intereses de la población. Este comportamiento resulta particularmente irritante para los ciudadanos que, a pesar de sus esfuerzos por manifestar su descontento, se encuentran en un sistema que parece impermeable a su indignación. La reacción de los políticos ante el rechazo popular, como el caso de María Agüero en Arequipa, revela una doble moral inquietante. Mientras se rasgan las vestiduras por la falta de respeto a la institucionalidad, los mismos actores que claman por respeto son los que continúan actuando sin rendir cuentas, gastando recursos en viajes frívolos y reforzando la impunidad que tanto daño hace a la democracia. Esta disonancia entre las expectativas de los políticos y la realidad social deja en evidencia la desconexión existente entre ambos mundos. La percepción de que el Perú ha caído en una sociedad "desformal" nos lleva a cuestionar el papel de las instituciones en la vida política. No se trata de que no existan formas que contengan a los individuos y colectivos, sino de que estas han sido transformadas y distorsionadas para servir a intereses particulares. Las instituciones que una vez prometieron ser pilares de la democracia se han convertido en vehículos para la corrupción y el abuso de poder, favoreciendo a mafias y grupos de interés que operan al margen de la ley. En este entorno, el crimen organizado ha encontrado un terreno fértil para expandirse. La interacción entre políticos y mafiosos es cada vez más evidente, con personajes que buscan rendimientos económicos en lugar de representar al electorado. Este orden predatorio que se ha instaurado ha cambiado las reglas del juego político, donde el interés personal se ha elevado por encima del interés colectivo. Los nuevos líderes políticos parecen haber renunciado a la idea de una revolución o un cambio significativo en favor de un enfoque más utilitario: conquistar parcelas de poder para enriquecer sus propios patrimonios. Anne Applebaum plantea en su último libro que detrás de los autócratas modernos existe una vasta red de negocios y flujos financieros que se mueven entre diferentes naciones. Esta observación es crucial para entender la dinámica actual en Perú, donde políticos, mafias y grupos económicos han configurado un nuevo orden que se alimenta de la debilidad del Estado y la desconexión con los ciudadanos. Esta interrelación entre el poder político y el crimen organizado no solo amenaza la integridad de las instituciones, sino que también pone en peligro la seguridad y el bienestar de la sociedad en su conjunto. El desafío que enfrenta Perú es monumental. La falta de confianza en las instituciones democráticas, combinada con la erosión del estado de derecho, ha generado un clima de desesperanza en el que muchos ciudadanos sienten que no tienen voz ni voto en la dirección que toma el país. La respuesta a este dilema no puede ser la mera indignación; se requiere un análisis profundo y un compromiso real por parte de todos los actores sociales para reconstruir la confianza entre el Estado y los ciudadanos. Es evidente que el camino hacia un cambio significativo no será sencillo, pero es imperativo que se inicien diálogos serios sobre la reforma institucional. Los ciudadanos merecen representantes que actúen en su beneficio y que se comprometan a combatir la corrupción y el abuso de poder. Esto implica no solo una revisión de las estructuras actuales, sino también un cambio en la cultura política que fomente la transparencia y la rendición de cuentas. En definitiva, se trata de una lucha por el futuro del país. Las instituciones y el poder político deben ser devueltos a los ciudadanos, y para ello es fundamental fomentar la participación activa de la sociedad en el proceso político. Solo así se podrá aspirar a un orden más justo y equitativo, donde el interés general prevalezca sobre las ambiciones personales y donde la democracia recupere su sentido original: servir al pueblo y no a los intereses de unos pocos.