Aprobación de ley en Perú genera controversia sobre autonomía del Ministerio Público

La reciente aprobación del Pleno del Congreso del Perú, que permite a la Policía Nacional del Perú (PNP) investigar preliminarmente ciertos delitos sin la presencia de un fiscal, ha suscitado un amplio debate en el ámbito jurídico y político del país. La medida, celebrada por exministros del Interior y altos mandos policiales, se enmarca dentro de un contexto donde la PNP busca recuperar atribuciones que tradicionalmente han estado en manos del Ministerio Público. Sin embargo, la resistencia de la Junta de Fiscales Supremos plantea serias interrogantes sobre la constitucionalidad y la efectividad de esta iniciativa. La Junta de Fiscales Supremos ha manifestado su firme rechazo a la norma, argumentando que esta contradice abiertamente el artículo 159 de la Constitución, que establece que la conducción de la investigación penal corresponde exclusivamente al Ministerio Público. En su pronunciamiento, los fiscales supremos instaron a los legisladores a reflexionar sobre las implicaciones de esta decisión, advirtiendo que podría llevar a un debilitamiento institucional que favorezca la impunidad en lugar de fortalecer la lucha contra el delito. A lo largo de su análisis, la Junta destacó que la norma no solo despoja al Ministerio Público de su poder investigativo, sino que también obligaría a los fiscales a trabajar a través de la PNP para llevar a cabo investigaciones preliminares. Esto, según los fiscales, pondría en riesgo la autonomía del Ministerio Público y la separación de poderes, pilares fundamentales del Estado de Derecho. Los fiscales también señalaron que la capacidad técnica y operativa de la PNP para llevar a cabo investigaciones criminales es cuestionable. Según un informe sobre la atención policial y la calidad del servicio, un alto porcentaje de los departamentos de investigación criminal del país necesita mejoras urgentes en infraestructura y recursos logísticos, lo que plantea dudas sobre la efectividad de la PNP en esta nueva función. En un contexto más amplio, la Junta recordó que el Ejecutivo ya había intentado implementar medidas similares mediante Decretos Legislativos en diciembre pasado, los cuales fueron objeto de una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, que aún no ha emitido un fallo definitivo. Esta historia de intentos de reforma y resistencia del Ministerio Público refleja un conflicto de competencias en el que los derechos de los ciudadanos podrían verse comprometidos. Además, los fiscales pusieron en cuestión cómo se llevarían a cabo las investigaciones contra altos funcionarios del Estado bajo este nuevo marco legal. La ambigüedad de la norma en lo que respecta a la investigación de presidentes, ministros y congresistas genera aún más inquietudes sobre la direccionalidad y la eficacia de la labor investigativa en casos de corrupción y abuso de poder. La situación se complica aún más al considerar que la comunidad internacional sigue de cerca el desarrollo de esta legislación. La indecorosa interacción entre el Ejecutivo y el Legislativo en materia de justicia penal podría afectar la imagen del Perú en el extranjero, poniendo en riesgo la cooperación internacional en materias de seguridad y justicia. Por su parte, la presidenta Dina Boluarte ha hecho un llamado al Ministerio Público y al Poder Judicial para que no dejen en libertad a delincuentes, lo que resuena como un clamor por mayor seguridad ciudadana. Sin embargo, esta demanda no debe hacerse a expensas de la autonomía institucional y el respeto a las competencias constitucionales, que son la base del sistema democrático. La discusión sobre la presentación de esta norma y sus consecuencias pone de manifiesto la necesidad urgente de establecer un diálogo constructivo entre las instituciones del Estado. La lucha contra la corrupción y el crimen no debe ser un pretexto para debilitar la independencia del sistema de justicia, sino más bien una oportunidad para fortalecerlo y asegurar que todos los ciudadanos reciban un trato justo y equitativo. La próxima votación del Congreso será crucial para definir el rumbo de la justicia en el Perú. La ciudadanía deberá mantenerse atenta y vigilante, exigiendo que las decisiones legislativas estén alineadas con los principios de la democracia y el respeto a los derechos humanos, garantizando que cada paso hacia la seguridad no implique un paso atrás en la justicia.