PP presentará recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía en septiembre

El Partido Popular (PP) ha decidido dar un paso decisivo en su lucha contra la Ley de Amnistía, anunciando que presentará un recurso de inconstitucionalidad en septiembre. La secretaria general del partido, Cuca Gamarra, fue la encargada de comunicar esta decisión, que, según ella, responde a la necesidad de defender los principios de la legalidad y la igualdad ante la ley. Gamarra no se limitó a criticar la ley, sino que también expresó su intención de recusarle a tres magistrados del Tribunal Constitucional, argumentando que su imparcialidad está comprometida. Los tres magistrados en cuestión son el presidente del Tribunal, Cándido Conde-Pumpido, y dos miembros que provienen del Gobierno: el exministro Juan Carlos Campo y la exdirectora general de Moncloa, Laura Díez. Gamarra sostiene que estos jueces carecen de las garantías necesarias para abordar un recurso de tal magnitud, lo que añade una capa de complejidad al ya delicado tema de la amnistía. Gamarra calificó la Ley de Amnistía como una "mala ley", acusando al presidente Pedro Sánchez de ser "un mentiroso compulsivo" y un "chapuzas" en su actividad legislativa. Su crítica se centra no solo en el contenido de la ley, sino en lo que considera un deterioro de los principios democráticos y la separación de poderes. En su opinión, el Gobierno ha cruzado una línea al depender de los apoyos independentistas para mantenerse en el poder, lo que, según ella, compromete la integridad de las instituciones. La dirigente del PP también subrayó que, aunque los efectos de la ley ya son irrevocables en cuanto a la amnistía de ciertos individuos, hay un camino para "revertir la devolución de la dignidad a todos los españoles" con un cambio de Gobierno. Esta declaración resuena con la idea de que la lucha por una justicia equitativa y la igualdad ante la ley deben continuar, independientemente de las decisiones legislativas actuales. Gamarra no se detuvo en su crítica. Afirmó que el Gobierno de coalición ha perdido de vista los principios fundamentales de democracia y ha permitido que el discurso independentista se infiltre en las críticas hacia el Poder Judicial. Esta situación, según su perspectiva, es un indicio de que el Gobierno no ejerce una gobernanza efectiva, sino que se encuentra a merced de los intereses de los independistas. Además, Gamarra denunció lo que llamó una "compra de investiduras", refiriéndose a las maniobras políticas que han llevado a la investidura de Sánchez y del candidato socialista Salvador Illa en la Generalitat. Para ella, esta estrategia de mantener el poder a cualquier costo es un tipo de corrupción política que no se puede normalizar y debe ser cuestionada por la ciudadanía. A pesar de las maniobras del Gobierno, Gamarra se muestra optimista sobre el papel del nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), asegurando que este no se dejará influir por las críticas del Ejecutivo hacia los jueces. La secretaria general del PP confía en que el Tribunal Constitucional mantenga su independencia y no se someta a las presiones del Gobierno. También enfatizó que la situación actual demuestra que este Gobierno está "inhabilitado" para un adecuado funcionamiento democrático. Según Gamarra, lo que deben hacer es cumplir las resoluciones judiciales y respetar la separación de poderes, una premisa esencial para la estabilidad de cualquier democracia. En resumen, la visión del PP sobre la Ley de Amnistía y su estrategia para combatirla refleja una profunda preocupación por lo que consideran un retroceso en los valores democráticos y la igualdad ante la ley. La próxima presentación del recurso de inconstitucionalidad y la recusación de magistrados en el Tribunal Constitucional marcan un nuevo capítulo en la contienda política en España, donde la lucha por los principios democráticos se intensificará en los próximos meses. La dirección que tome este conflicto tendrá implicaciones significativas no solo para el futuro político del país, sino también para la percepción pública sobre la justicia y la legalidad en el marco de la política española actual.