Chavismo impulsa ley para silenciar ONG y limitar derechos en Venezuela

La Asamblea Nacional de Venezuela, bajo el control del chavismo, ha impulsado un nuevo ataque contra las organizaciones no gubernamentales (ONG) en un intento por acallar las voces críticas y neutralizar a la oposición. La "Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines" es el más reciente intento del régimen de Nicolás Maduro por limitar la capacidad de acción de estas entidades, que históricamente han sido un baluarte en la defensa de los derechos humanos y en la promoción de la democracia en el país. El anuncio de la segunda discusión de esta ley, realizado el lunes por Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento, coincide con un contexto de creciente represión tras las elecciones del 28 de julio, donde se denuncian irregularidades y fraude a favor de Maduro. Desde el 29 de julio, miles de ciudadanos han salido a protestar, encontrándose con una respuesta violenta por parte del régimen, que ha permitido a grupos armados conocidos como colectivos reprimir a quienes se manifiestan, resultando en al menos 25 muertes y más de 1,393 detenidos, según la ONG Foro Penal. El discurso del chavismo ha destinado una atención especial a las ONG, acusándolas de servir como "fachadas para el financiamiento de acciones terroristas". En este contexto, Rodríguez, acompañado por Maduro, enfatizó que existen organizaciones que efectivamente ayudan a la población, aludiendo a la Cruz Roja, pero también otras que consideran perjudiciales para el país. Este enfoque busca deslegitimar la labor de las ONG, muchas de las cuales están involucradas en la defensa de los derechos humanos, la asistencia social y la vigilancia de la situación política. Voces de preocupación han surgido incluso desde la comunidad internacional. Volker Türk, alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, ha solicitado al gobierno venezolano que desista de esta iniciativa legislativa, advirtiendo sobre las graves implicaciones que tendría en el respeto a los derechos humanos y en el futuro de la democracia en el país. Gina Romero, relatora especial de la ONU para libertad de asociación y reunión pacífica, también expresó su inquietud, subrayando el uso de un discurso estigmatizador que asocia a las ONG con el terrorismo. El proyecto de ley no es nuevo; de hecho, su primera discusión tuvo lugar en enero de 2023, promovido por Diosdado Cabello, figura clave del chavismo. En esa ocasión, Cabello tildó a las ONG de "apéndices del imperialismo", acusándolas de intentar desestabilizar al país. Este marco retórico pone de relieve la percepción del gobierno sobre el trabajo de estas organizaciones como una amenaza a su control y legitimidad. Darrin Gibbs, abogado y miembro de la ONG Defiende Venezuela, ha analizado las implicaciones jurídicas de esta ley, sosteniendo que su objetivo es establecer un régimen administrativo que limite y sancione a las ONG en lugar de fomentar su operatividad. El régimen propuesto incluye exigencias administrativas rigurosas que, de ser implementadas, restringirían severamente la capacidad de estas organizaciones para operar en Venezuela, además de poner en riesgo su existencia frente a un control estatal intensificado. Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público, advirtió que la ley no solo obligará a las organizaciones a registrarse nuevamente, sino que incrementará la burocracia y la arbitrariedad en su funcionamiento. Con un listado de requisitos que deben cumplir, cualquier ONG podría verse obligada a enfrentar sanciones severas si no se alinea con los dictados del gobierno, lo que pone en peligro el derecho fundamental a la libre asociación. El análisis de Correa sobre las motivaciones del chavismo se centra en el papel crítico que las ONG desempeñan en la defensa de los derechos humanos. Las organizaciones que se dedican a monitorear abusos y a visibilizar la situación de la población resultan incómodas para un gobierno que busca mantener una imagen de control y estabilidad. Las acusaciones de que algunas ONG financian el terrorismo carecen de pruebas concretas y parecen más un recurso discursivo para justificar la represión. Organizaciones como Provea han criticado el proyecto de ley, considerándolo una amenaza directa a los principios democráticos y a los derechos humanos en Venezuela. El Foro por la Vida emitió un comunicado en el que denuncia que este tipo de ataques contra las ONG no son incidentales, sino que forman parte de una política estatal sistemática que busca deslegitimar y silenciar a quienes defienden los derechos fundamentales de la población. En resumen, la nueva legislación que busca regular las ONG en Venezuela es un movimiento estratégico del chavismo para consolidar su poder y eliminar las voces disidentes. La comunidad internacional, así como defensores de derechos humanos en el país, se enfrentan a un desafío crucial: frenar este avance autoritario que pretende ahogar cualquier forma de crítica o resistencia en un contexto ya de por sí complejo y peligroso para la sociedad civil venezolana.