Desconexión entre mensaje presidencial y crisis de transporte causa frustración ciudadana

El reciente mensaje presidencial del 28 de julio ha suscitado una serie de reacciones en la opinión pública, que van desde la crítica ferviente hasta el desinterés absoluto. Un aspecto que ha llamado la atención es la ausencia de un enfoque claro sobre problemas concretos que afectan a la ciudadanía, especialmente en lo que respecta a la crisis de tránsito y transporte que asola al país. A pesar de que algunos sectores políticos defendieron el contenido del discurso, muchos ciudadanos y observadores esperaban que la presidenta abordara con detalle una problemática tan crítica que ha dejado una huella trágica en miles de vidas. La insatisfacción con el mensaje se hizo evidente casi de inmediato. Durante la alocución, se reportaron casos de asistentes que se quedaron dormidos en el hemiciclo y otros que abandonaron el lugar antes de que concluyera. Para muchos, no solo fue la extensión del discurso lo que provocó este desinterés, sino la falta de sustancia y de propuestas reales. La desconexión entre el contenido del mensaje y las preocupaciones reales de la población se convirtió en un tema de debate en redes sociales y medios de comunicación. Un aspecto particularmente alarmante que no fue abordado fue la grave situación de siniestralidad en las carreteras peruanas. En los últimos cinco años, más de 15 mil personas han perdido la vida debido a accidentes de tránsito, y otros 270 mil han sufrido lesiones, muchas de las cuales han dejado secuelas permanentes. Estos datos, que resaltan la urgencia de una acción gubernamental efectiva, fueron ignorados por completo, lo que generó un sentimiento de frustración entre los ciudadanos que esperaban respuestas y soluciones. La ineficiencia del sistema de transporte en el país es otro punto que merece ser destacado. En la capital, Lima, no se cuenta con terminales de transporte que cumplan con estándares básicos de atención y seguridad. En lugar de contar con terrapuertos modernos que organicen el flujo de pasajeros y mercancías, lo que se observa son paraderos improvisados que carecen de regulación efectiva, exponiendo a los usuarios a múltiples riesgos. Es un escenario que clama por una intervención que no ha llegado en los últimos 25 años. La legislación existente, como la Ley N° 27181 que regula el transporte terrestre, parece haber caído en el olvido. A pesar de que esta ley establece el compromiso del Estado para promover la iniciativa privada y la construcción de terminales, el tiempo ha transcurrido sin que se materialicen estas promesas. Las consecuencias de esta desidia se traducen en un transporte público caótico y peligroso, donde las condiciones de seguridad y la competencia justa son más una aspiración que una realidad. El problema se agrava en el transporte urbano, donde la falta de una política de Estado clara ha llevado a la crisis actual. A pesar de que en años anteriores se hicieron intentos por implementar sistemas de transporte masivo como el Metropolitano, los avances han sido limitados y desarticulados. La creación de la Autoridad de Transporte Urbano en 2018 no ha logrado unificar esfuerzos ni establecer una visión coherente que beneficie a la población. La necesidad de un Sistema Integrado de Transporte se vuelve cada vez más urgente. La propuesta de adquirir buses eléctricos para modernizar el transporte público y la implementación de una APP que permita gestionar este sistema son pasos necesarios. Sin embargo, esto solo será posible si el Estado asume un papel activo y se compromete a invertir en infraestructura y capacitación. De no hacerlo, el transporte seguirá siendo un punto crítico de la vida diaria de millones de peruanos. Por si esto fuera poco, el caos en el transporte se extiende a otras áreas, como el servicio de taxis y mototaxis, la emisión de licencias de conducir, y la regulación de los centros de salud que expiden estos documentos. La falta de controles y regulaciones ha llevado a un estado de anarquía que pone en riesgo la vida de los ciudadanos. Y en medio de todo esto, surge una pregunta inquietante: ¿cuánto vale realmente la vida de las miles de personas que han muerto en las calles y carreteras del país? Con una inversión prometida en infraestructura vial que supera los US$3.800 millones, resulta esencial que el gobierno no solo se limite a cifras, sino que también actúe con un sentido de urgencia y responsabilidad para abordar estos problemas de manera efectiva. Es hora de que el liderazgo político reconozca la gravedad de la crisis de transporte y se comprometa a ofrecer soluciones reales que resguarden la vida y la seguridad de la población. La falta de acción solo perpetúa un ciclo de dolor y pérdidas que ya ha cobrado demasiadas vidas. La ciudadanía espera respuestas, y es responsabilidad del Estado no defraudar esas expectativas.