Adrianzén defiende demanda ante el TC para proteger funciones de Boluarte

El jefe del Gabinete Ministerial, Gustavo Adrianzén, ha hecho una defensa firme de la decisión del Poder Ejecutivo de presentar una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional (TC). Esta acción ha despertado diversas reacciones en la política peruana, ya que se considera que busca proteger las funciones de la presidenta Dina Boluarte frente a lo que califica como un "menoscabo" de sus atribuciones por parte del Ministerio Público y del Poder Judicial. La controversia se centra en la interpretación del artículo 117 de la Constitución, que establece los límites en los cuales un presidente puede ser acusado durante su mandato. Durante una reciente sesión del Consejo de Ministros, Adrianzén subrayó que el objetivo de esta medida no es convertir al Poder Ejecutivo en una entidad intocable. Más bien, se trata de establecer definiciones claras sobre en qué circunstancias y por qué delitos un presidente puede enfrentar acusaciones. La declaración del premier busca tranquilizar a la ciudadanía y asegurar que esta iniciativa no es un intento de proteger a Boluarte, sino más bien una salvaguarda para futuros mandatarios. El artículo mencionado de la Constitución peruana estipula que un presidente solo puede ser acusado por traición a la patria, obstrucción del sistema electoral o disolución inconstitucional del Congreso. Sin embargo, el actual Gobierno sostiene que las recientes acciones del Ministerio Público y del Poder Judicial han ampliado indebidamente esta interpretación, llevando a una serie de investigaciones que no se ajustan a lo que la norma constitucional establece. En su exposición, Adrianzén cuestionó cuántas veces la presidenta tendría que dejar de asistir a reuniones del Consejo de Ministros para atender requerimientos oficiosos de la Fiscalía. A su juicio, estas acciones han mermado de manera significativa las funciones del Ejecutivo, sugiriendo que la carga de estas investigaciones podría interferir en la capacidad de gobernar de la presidenta Boluarte. La demanda competencial no busca explícitamente anular las resoluciones o disposiciones fiscales en curso, pero sí resalta la posibilidad de que, si el TC se pronuncia a favor del Gobierno, esto podría neutralizar las investigaciones actuales que afectan a la presidenta. Esto incluye casos delicados que han captado la atención pública, como las muertes en las protestas, el caso Rolex y el allanamiento de su residencia en Surquillo. Además, el documento presentado por el Gobierno al TC señala la ausencia de un pronunciamiento claro sobre la interpretación del artículo 117 de la Constitución, lo que deja un vacío en cuanto a las garantías para que un presidente pueda ejercer sus funciones sin ser objeto de investigaciones que, según el Ejecutivo, son inapropiadas. Históricamente, antes de 2022, la Fiscalía de la Nación no había investigado a un presidente en funciones. Sin embargo, la decisión del entonces fiscal Pablo Sánchez de incluir al expresidente Pedro Castillo en investigaciones ha sentado un precedente que continúa afectando el panorama actual. Las actuales autoridades fiscales han continuado con esta línea interpretativa, lo que ha llevado a la actual controversia. El Gobierno argumenta que el enfoque adoptado por el Ministerio Público y el Poder Judicial podría afectar la política general del país, comprometiendo el mandato otorgado por la ciudadanía al presidente. En su demanda, se aclara que las competencias de estas instituciones no deben ser utilizadas de manera que interfieran con la capacidad del presidente para dirigir el Gobierno durante su mandato. La situación ha generado un intenso debate en el ámbito político y social, con voces a favor y en contra de esta interpretación del artículo constitucional. Algunos analistas advierten que este conflicto podría derivar en una crisis institucional si no se encuentra un equilibrio entre el poder del Ejecutivo y la función de control que deben ejercer el Ministerio Público y el Poder Judicial. En última instancia, la demanda competencial presentada por el Ejecutivo es un intento de clarificar las competencias de las diferentes ramas del gobierno y establecer un marco que proteja la función presidencial. Sin embargo, la naturaleza de la política peruana, marcada por la controversia y la desconfianza, hace que sea difícil prever cómo se resolverá esta situación y cuál será su impacto en la estabilidad del país. La respuesta del Tribunal Constitucional será crucial no solo para la presidenta Boluarte, sino también para el futuro del ejercicio del poder en Perú.