Congreso archiva moción de censura a ministros tras escándalo de abusos en Amazonas

Este lunes, el Congreso de la República tomó una decisión que ha generado un intenso debate en la sociedad peruana al archivar la moción de censura contra los ministros de Educación y de la Mujer, Morgan Quero y Teresa Hernández, respectivamente. Esta moción se había presentado en el contexto de un escándalo que involucra a escolares awajún, quienes han sido víctimas de violaciones en la comunidad de Condorcanqui, ubicada en la región Amazonas. La falta de apoyo suficiente, con solo 30 firmas en lugar de las 33 requeridas, llevó a que la iniciativa no prosperara, lo que ha suscitado duras críticas entre algunos legisladores y en la opinión pública. El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, informó sobre el retiro de las firmas de tres parlamentarios clave, lo que resultó decisivo para el resultado final de la moción. Jorge Coayla, Kira Alcarraz y Milagros Jáuregui fueron los legisladores que dieron un paso atrás, lo que dejó a muchos cuestionando su compromiso con la causa. Esta situación ha generado una ola de reacciones, especialmente de aquellos que apoyaban la moción y consideraban que la conducta de los ministros era inaceptable. Susel Paredes, del Bloque Democrático Popular, no ocultó su decepción al respecto. En declaraciones realizadas fuera del Parlamento, expresó su descontento con la decisión de sus colegas de retirar sus firmas, subrayando que la situación en la región del Cenepa es "un desastre". Paredes argumentó que la falta de respuesta adecuada por parte de los ministros ante los abusos sexuales a menores es, en sí misma, una razón suficiente para que ambos sean interpelados. Por su parte, Edwin Martínez, de Acción Popular, también se manifestó en contra de la decisión de archivar la moción. Se mostró crítico hacia los ministros y acusó a los parlamentarios que se retractaron de ser "cobardes". Martínez enfatizó que es lamentable la complicidad que a veces se manifiesta en la política y cuestionó el valor y la dignidad de aquellos que prefieren no enfrentar lo que él considera "fechorías" dentro del sistema. Desde el Ministerio de Educación, Morgan Quero defendió su gestión y la de su colega de la Mujer, señalando que las mociones de censura son expresiones de intolerancia. Según él, en una democracia todos tienen derecho a cambiar de opinión, pero enfatizó que el respeto por las libertades es fundamental. Además, Quero argumentó que el enfoque debería estar en trabajar juntos por el bienestar de los estudiantes, en lugar de en la confrontación política. La moción de censura, impulsada por la parlamentaria Ruth Luque, se centraba en acusaciones de discriminación y de validar abusos sexuales como "prácticas culturales". Esto generó un fuerte rechazo no solo entre los legisladores que apoyaban la moción, sino también en sectores de la sociedad civil que consideran que la respuesta del Estado ante estos casos ha sido inadecuada. Los comentarios de Quero sobre los abusos sexuales han sido objeto de controversia, ya que varios analistas y defensores de los derechos humanos consideran que su postura minimiza la gravedad de la situación. La calificación de los abusos como "prácticas culturales" ha sido interpretada como una falta de sensibilidad hacia el sufrimiento de las víctimas, y sus detractores argumentan que el lenguaje utilizado por el ministro perpetúa estigmas dañinos. Por otro lado, la ministra Teresa Hernández también ha sido duramente criticada por sus declaraciones, que algunos interpretan como excluyentes y denigrantes hacia las comunidades indígenas. La necesidad de un lenguaje inclusivo y respetuoso en el ámbito político es cada vez más demandada por la población, especialmente cuando se trata de temas tan delicados como la violencia de género y los derechos de los niños. La decisión del Congreso de archivar la moción ha dejado un sabor amargo en muchos sectores, que ven en este hecho una falta de compromiso hacia la protección de los más vulnerables. A medida que avanza el debate, es evidente que el tema de los derechos de las comunidades indígenas y las víctimas de violencia sexual seguirá siendo una cuestión central en la agenda política y social del país. Así, la situación no solo revela la fractura en el Congreso, sino también la falta de un enfoque cohesivo y efectivo para enfrentar la violencia de género y la protección de los derechos de las niñas y niños en el Perú. La sociedad espera que estos temas sean abordados con la seriedad y el compromiso que merecen, lejos de la política partidista y de los intereses individuales.