Milei avanza con reformas radicales y desmantela estructuras del Estado argentino

El Gobierno argentino ha dado un paso significativo en la implementación de su agenda reformista al reglamentar la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, el proyecto estrella del presidente Javier Milei. A través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, se han establecido nuevas directrices que buscan reducir la burocracia estatal, privatizar entidades y reformar el empleo público, transformando así de manera radical la administración pública en el país. El portavoz presidencial, Manuel Adorni, destacó que esta reglamentación es un componente clave del programa de Milei, conocido popularmente como el plan "motosierra". Desde la llegada de Milei a la presidencia el 10 de diciembre de 2023, se ha logrado reducir el gasto público en un 32%. Este ajuste drástico en el gasto es parte de un esfuerzo más amplio por desmantelar estructuras consideradas ineficientes y redundantes en el funcionamiento del Estado. Bajo este nuevo marco legal, el Ejecutivo ha recibido importantes facultades delegadas por el Congreso para llevar a cabo cambios en áreas administrativas, económicas, financieras y energéticas durante un año. Adorni afirmó que el gobierno tiene la autoridad para cerrar cualquier organismo público que no esté cumpliendo con su función, y que todas las empresas estatales susceptibles de privatización serán, efectivamente, privatizadas. Este enfoque ha despertado tanto interés como preocupación en diferentes sectores de la sociedad. Como parte de las reformas al empleo público, se implementará un riguroso examen de competencias para los nuevos ingresos al Estado, designando a una computadora la tarea de evaluar la capacidad técnica de los candidatos, en lugar de depender de decisiones de burócratas. Esta medida tiene como objetivo eliminar la arbitrariedad en las contrataciones y garantizar que los empleados públicos sean elegidos en función de sus habilidades y no de sus conexiones políticas. Además, el gobierno ha decidido aplicar sanciones más severas a aquellos empleados que no cumplan con sus funciones, con la novedosa normativa de "Empleado que para, empleado que no cobra". Esta política ha sido promovida como un método eficaz para combatir el ausentismo laboral en el sector público, que ha sido históricamente un tema de controversia en Argentina. El decreto también introduce el concepto de "silencio positivo" en la tramitación administrativa. Esto significa que si el Estado no responde a una solicitud en un tiempo determinado, dicha solicitud será automáticamente aprobada. Esta medida busca agilizar los trámites y reducir la corrupción asociada a las solicitudes que quedan estancadas por falta de respuesta de los funcionarios públicos. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, explicó que esta reglamentación tiene como objetivo principal acelerar la aplicación de las reformas y prevenir el clientelismo, a través de mecanismos "anti-ñoquis" y "anti-coimas". La eliminación de entidades como el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) es un ejemplo de cómo el gobierno planea ajustar el tamaño de la administración pública, aunque esta decisión ha suscitado críticas entre defensores de los derechos humanos. La modificación de la ley de Empleo Público está diseñada para mejorar la calidad del empleo estatal, eliminar la interferencia política en las contrataciones y fortalecer el régimen disciplinario. Sturzenegger ha subrayado que más de 20,000 puestos de trabajo ya han sido eliminados desde que comenzó la administración de Milei, lo que refleja un compromiso con la reducción del gasto y la eficiencia en la gestión pública. Sin embargo, estos cambios no han pasado desapercibidos en el panorama social y político de Argentina. Agrupaciones de trabajadores y sectores de la oposición han expresado su preocupación, señalando que estas medidas pueden llevar a una precarización del empleo público y a un debilitamiento de los derechos laborales. En medio de este contexto, la comunidad venezolana en Argentina ha comenzado a organizarse y sumarse a las protestas globales contra lo que consideran un fraude electoral en su país de origen. Este fenómeno refleja cómo las políticas de Milei no solo afectan la estructura del gobierno argentino, sino que también influyen en la dinámica social y política de las comunidades migrantes, que se sienten cada vez más involucradas en la lucha por sus derechos y la búsqueda de justicia en el plano internacional.