Controversia por pensión a Fujimori desata tensión entre presidentes del Congreso

En una reciente declaración, Eduardo Salhuana, presidente del Congreso de la República, ha revelado que es "probable" que Alejandro Soto, su predecesor en el cargo, hubiera estado al tanto de la decisión de otorgar una pensión al expresidente Alberto Fujimori. Este anuncio ha generado un considerable revuelo en el ámbito político y social, así como un debate sobre la legitimidad de la medida y las posibles implicaciones que podría tener en el contexto político actual del país. Salhuana explicó que la solicitud de pensión presentada por Fujimori fue ingresada a fines de abril y que, según el procedimiento legal, se evaluó su viabilidad y la existencia de recursos para llevarla a cabo. "Estos tres informes llegan en junio y el 10 de julio", detalló, indicando que el proceso se llevó a cabo de manera relativamente rápida, lo que despierta sospechas sobre la transparencia del mismo. La declaración del presidente del Congreso sugiere que la decisión no fue tomada de forma aislada y que, al tratarse de un tema de gran repercusión política, es razonable suponer que Soto estaba al tanto de la situación. “Nosotros nos hemos enterado cuando el tema está totalmente resuelto”, afirmó Salhuana, insinuando que hubo una falta de comunicación entre las diferentes mesas directivas del Congreso respecto a este asunto tan delicado. En respuesta a estas afirmaciones, Alejandro Soto ha utilizado sus redes sociales para desmentir cualquier insinuación de complicidad en la aprobación de la pensión. En su mensaje, afirmó rotundamente que la mesa directiva que él presidió no trató ni aprobó ninguna solicitud en favor de Fujimori, generando una clara discrepancia entre su versión de los hechos y la del actual presidente del Congreso. Este conflicto entre Salhuana y Soto resalta la falta de claridad en los procesos dentro del Congreso, así como la necesidad de una mayor transparencia en la toma de decisiones que involucran a figuras controversiales como Alberto Fujimori. La situación se complica aún más, pues los constitucionalistas Aníbal Quiroga y Natale Amprimo han señalado que la entrega de la pensión a Fujimori sería ilegal, dado que la norma establece que el beneficio se suspende si la persona es acusada por el Congreso, un punto que podría dar lugar a futuras impugnaciones legales. La controversia sobre la pensión a Fujimori no solo ha suscitado críticas desde el ámbito político, sino que también ha inflamado el descontento entre la ciudadanía, que observa con preocupación cómo se manejan los asuntos públicos. Muchos ciudadanos sienten que la decisión de otorgar una pensión a un expresidente que enfrenta graves acusaciones es un insulto a la justicia y a las víctimas de su gobierno. En medio de este torbellino, es crucial que se aclare el procedimiento que se siguió para la aprobación de esta pensión y quiénes fueron los responsables en cada etapa del proceso. El Congreso tiene la responsabilidad de rendir cuentas a la ciudadanía, y una falta de transparencia podría erosionar aún más la confianza pública en las instituciones. La polarización en torno a la figura de Fujimori y su legado continúa siendo un tema candente en la política peruana. La entrega de pensiones y beneficios a figuras políticas cuestionadas plantea interrogantes sobre la justicia y la memoria colectiva del país, que sigue lidiando con las secuelas de años de conflicto político y social. En resumen, la situación actual requiere una reflexión profunda sobre la ética en la política y el imperativo de garantizar que las decisiones que afectan a figuras públicas sean tomadas con el máximo rigor y transparencia. La ciudadanía merece claridad y justicia, especialmente en casos tan sensibles como el de Alberto Fujimori. El futuro del Congreso y su credibilidad ante la población dependen de la manera en que aborden esta y otras controversias similares.