Gobierno peruano rechaza informe de la ONU sobre derechos y protestas sociales

El Gobierno peruano ha manifestado su firme rechazo al informe publicado recientemente por la Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación. Esta reacción se produce en un contexto marcado por las protestas que tuvieron lugar entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, las cuales resultaron en un elevado número de muertes y heridos, especialmente en comunidades indígenas y rurales. Las dos entidades gubernamentales, la Cancillería y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, han cuestionado la veracidad y el contexto del informe emitido por la relatora Gina Romero, argumentando que no reflejan los avances logrados en el país. En su comunicado, el Ejecutivo sostiene que ha mantenido un canal de diálogo y ha realizado esfuerzos para abordar los conflictos sociales, como la creación de un equipo de trabajo que se enfoca en el diseño de una Política Nacional de prevención y gestión de conflictos. Sin embargo, estas afirmaciones no han logrado mitigar las críticas que surgen en torno a la respuesta del Gobierno durante las protestas. La relatora Romero había instado al país a adoptar medidas concretas que incluyan disculpas públicas por los incidentes ocurridos, aseveraciones que el Gobierno considera infundadas. La relatora también subrayó la necesidad de que Perú avance en reformas legales y prácticas que garanticen el respeto por el derecho a la protesta pacífica. A pesar de esto, el Gobierno defendió su postura señalando que la presidenta Dina Boluarte, en un mensaje a la Nación, pidió disculpas en nombre del Estado a los familiares de los fallecidos en las manifestaciones. Sin embargo, la interpretación de estas disculpas ha variado, generando escepticismo entre diversas organizaciones de derechos humanos y sectores de la sociedad civil. El informe de la ONU, que ha sido objeto de controversia, expresa alarmas sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades durante las protestas, resaltando la alta cifra de muertes y heridos. Este contenido ha sido descalificado por el Gobierno, que argumenta que las aseveraciones están fuera de contexto y no reflejan la realidad de la situación de derechos humanos en el país. La discrepancia entre la narrativa oficial y las observaciones internacionales genera un ambiente de tensión y desconfianza. La relatora también hizo hincapié en la importancia de realizar consultas genuinas con las comunidades afectadas por las protestas, sugiriendo que estas acciones son fundamentales para abordar las causas profundas de la agitación social y restaurar la confianza en las instituciones. Este llamado ha sido respaldado por varias organizaciones de la sociedad civil y defensores de los derechos humanos, quienes consideran que el diálogo es crucial para prevenir futuros episodios de violencia. El informe también expone la necesidad de modificar reformas jurídicas que limitan el derecho a la reunión pacífica y promueven la estigmatización de las protestas sociales. Estas reformas han sido objeto de críticas tanto a nivel nacional como internacional, ya que se consideran restrictivas y potencialmente violatorias de derechos fundamentales. La comunidad internacional ha estado atenta a cómo el Gobierno peruano responde a estas exigencias. Adicionalmente, se hizo un llamado a poner fin a las investigaciones penales que han sido calificadas como arbitrarias contra los civiles involucrados en las protestas. La relatora destacó la importancia de asegurar que la prisión preventiva sea utilizada de manera proporcional y excepcional, y que no haya discriminación en su aplicación, especialmente para las comunidades indígenas. Este es un aspecto delicado que puede tener repercusiones profundas en la relación del Gobierno con estos pueblos. En este contexto, la respuesta del Gobierno peruano a las recomendaciones de la ONU parece ser un intento por deslegitimar las críticas y mantener su narrativa de avances en derechos humanos. Sin embargo, la brecha entre la percepción de la ciudadanía y el discurso oficial se amplía, lo que podría complicar aún más la situación en el país a medida que se aproximan nuevas elecciones y se intensifican las tensiones sociales. La controversia pone de relieve la necesidad urgente de un enfoque más comprensivo y sensible hacia el manejo de los derechos humanos y la libertad de protesta en Perú. Las voces de quienes han sido afectados por la represión en las protestas deben ser escuchadas y consideradas en la formulación de políticas públicas que busquen restaurar la confianza y la cohesión social. Así, el dilema que enfrenta el Gobierno no es solo una cuestión de imagen internacional, sino también un reto interno que podría definir su legado y la estabilidad futura del país. La respuesta a las críticas de la ONU podría ser un punto de inflexión en la relación entre el Estado y la sociedad civil, y determinar el rumbo del Perú en las próximas etapas de su historia política y social.