Juan Brignardello Vela
Juan Brignardello Vela, asesor de seguros, se especializa en brindar asesoramiento y gestión comercial en el ámbito de seguros y reclamaciones por siniestros para destacadas empresas en el mercado peruano e internacional.
Durante su reciente mensaje por Fiestas Patrias, la presidenta Dina Boluarte anunció un ambicioso plan de modernización para el Ministerio del Interior, que incluirá un cambio de nombre a Ministerio de Seguridad Pública. Esta decisión responde a las crecientes necesidades de seguridad del país, particularmente tras la pandemia del COVID-19, la migración masiva y el aumento del crimen organizado y la criminalidad urbana. La presidenta enfatizó que esta transformación busca mejorar la atención ciudadana y la coordinación con otras entidades estatales, un objetivo que se considera vital para enfrentar los nuevos retos que enfrenta el país. El proyecto de ley, que fue presentado ante el Congreso con carácter de urgencia, propone una serie de modificaciones al Decreto Legislativo N° 1266, Ley de Organización y Funciones del Ministerio del Interior. Entre los cambios más significativos está la redefinición del ámbito de competencias del ministerio, que ahora se enfocará en la seguridad pública y el orden interno, permitiendo una respuesta más efectiva ante las amenazas actuales. De esta manera, se espera que el nuevo ministerio pueda actuar con mayor agilidad y eficacia frente a problemas complejos que requieren una atención inmediata. La presidenta Boluarte destacó que los cambios no solo se limitarán a la nomenclatura, sino que se establecerán nuevas funciones específicas para el Ministerio de Seguridad Pública. Estas incluyen la producción y coordinación de inteligencia estratégica relacionada con el crimen organizado y otras amenazas de carácter nacional e internacional. Además, se buscará eliminar cualquier indicio de corrupción dentro de la institución, promoviendo la meritocracia y la transparencia. La propuesta incluye la modificación de varios artículos de la Ley de Organización y Funciones, sin que ello represente un aumento en el gasto público. Esto es un punto crucial, ya que el gobierno ha enfatizado en otras ocasiones la importancia de la eficiencia en el uso de los recursos del Estado. En este sentido, se busca que las nuevas funciones del ministerio se ejecuten en el marco de una estructura que ya existe, lo que facilitaría la transición hacia el nuevo modelo propuesto. La modificación del artículo 4 del mencionado decreto implica que el Ministerio de Seguridad Pública tendrá competencias exclusivas a nivel nacional en materia de orden interno y público, así como funciones compartidas en seguridad ciudadana. Esto supone una estructura más robusta para enfrentar los desafíos que plantea la seguridad en el país. Desde el despacho viceministerial, se espera que se planifique, dirija y supervise eficazmente la actividad funcional del sector en estas áreas. El gobierno ha propuesto que la implementación de este nuevo marco legal se realice de manera progresiva, permitiendo que todas las disposiciones existentes que mencionen al Ministerio del Interior se interpreten como referidas al nuevo Ministerio de Seguridad Pública. Este enfoque gradual busca asegurar que los cambios se integren sin causar disrupciones en los servicios que actualmente se prestan a la ciudadanía. A lo largo de la presentación de esta propuesta, se ha subrayado la importancia de la seguridad ciudadana como un derecho fundamental que debe ser garantizado por el Estado. La iniciativa también incluye un enfoque hacia la erradicación de la violencia y la promoción de una convivencia pacífica. Aquí, el gobierno se propone trabajar no solo en la represión del delito, sino también en la prevención, destacando la relevancia de generar espacios públicos seguros y adecuados para todos los ciudadanos. Se reconoce que uno de los principales retos será potenciar el servicio civil compuesto por funcionarios altamente capacitados. En este aspecto, la propuesta se alinea con las recomendaciones internacionales, como las del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que abogan por el fortalecimiento de las capacidades de los ministerios de seguridad en la prevención de la violencia y en la prestación de servicios centrados en las personas. La creación del Ministerio de Seguridad Pública también busca fomentar una mayor colaboración entre las diversas agencias del Estado involucradas en la seguridad. La idea es que este nuevo enfoque integral permita desarrollar políticas que aborden de manera efectiva las diversas dimensiones de la seguridad, incluyendo la participación activa de la población en la identificación y resolución de problemas comunitarios. En resumen, el anuncio de la presidenta Dina Boluarte representa un paso significativo hacia la modernización de la seguridad pública en el Perú. Con este cambio, se espera que el nuevo Ministerio de Seguridad Pública no solo mejore la respuesta ante situaciones de crisis, sino que también establezca un marco de confianza y colaboración entre el Estado y la ciudadanía, donde la seguridad se vea como un bien público que todos deben contribuir a proteger y cultivar.