La crisis de la informalidad y su impacto en la política y ciudadanía en el Perú

En un contexto donde se definía la nueva presidencia de la Mesa Directiva del Congreso, el país se enfrentaba a realidades paralelas que retratan la complejidad de la ciudadanía en una sociedad cada vez más desformalizada. La tragedia de los despistes de buses de transporte público, que han cobrado vidas y dejado un rastro de temor en las carreteras, no es un suceso aislado, sino que se inscribe en un entramado más amplio que involucra a la minería informal y a la desregulación del transporte. Esta situación pone en evidencia cómo sectores informales e ilegales impactan las decisiones políticas y la vida cotidiana de los ciudadanos. La reciente investigación realizada por este Diario ha revelado que Eduardo Salhuana, actual presidente de la Mesa Directiva, ha recibido la visita de numerosas organizaciones de minería informal desde inicios de 2023. Esta influencia se ha traducido en la agenda legislativa, resaltando un fenómeno que muchos prefieren omitir: la intersección de intereses entre la política formal y la informalidad que la rodea. En un país donde cinco personas mueren semanalmente en accidentes de tránsito por incumplimientos de normativas, la pregunta sobre la seguridad y el respeto a la ley se vuelve urgente y pertinente. El discurso público respecto a la informalidad ha estado enmarcado, casi exclusivamente, en términos económicos. Sin embargo, es imperativo dar un paso más allá y considerar cómo se redefine la relación entre el individuo y la ley en este contexto de informalidad creciente. La teoría de Danilo Martucelli sobre la "sociedad desformal" permite explorar la complejidad de una realidad donde las normas ya no son absolutas y donde el comportamiento de los ciudadanos se torna oportunista, dependiendo de las circunstancias y de la aceptación social de sus acciones. La noción de una ciudadanía relativa aparece como un concepto clave para entender cómo funciona la democracia en el Perú actual. La ciudadanía, lejos de ser un estado fijo, se presenta como un continuo donde los ciudadanos oscilan entre el cumplimiento de la ley y la transgresión, dependiendo de la presión social y de las consecuencias que sus acciones puedan acarrear. En este contexto, el individualismo se convierte en una estrategia de supervivencia, donde las decisiones se toman en función de un cálculo de costo y beneficio, desdibujando la línea entre comportamiento cívico y corrupción. Esta transitoriedad de la acción individual genera una ética moral profundamente influenciada por el relativismo. Los ciudadanos pueden, en un momento, aceptar prácticas corruptas y, en otro, convertirse en defensores de la legalidad. Esta ambigüedad se refleja en el comportamiento político, donde el apoyo a ciertos legisladores o la participación en protestas puede atribuirse más a intereses personales que a una ideología política clara. Se hace evidente que la idea de un ciudadano republicano, comprometido con el bienestar colectivo, se encuentra en crisis. Los análisis críticos de las élites intelectuales suelen simplificar esta complejidad, estigmatizando a los actores involucrados y, a menudo, demonizando las prácticas de la informalidad. Sin embargo, detrás de esta condena se encuentra una realidad que es mucho más intrincada. Los grupos de presión, que incluyen mineros artesanales, utilizan los mismos canales institucionales que otros actores políticos para articular sus demandas, revelando un paisaje político donde las categorías de "formal" e "informal" se entrelazan de manera casi indistinguible. La problemática de la informalidad en el Perú no se limita a la economía. Se extiende a la política, donde las reformas propuestas en diferentes ámbitos parecen chocar contra un muro de resistencia cultural y estructural. El fetichismo reformista, que propone cambios superficiales como la solución mágica, ignora la realidad de una ciudadanía que opera en un sistema donde las normas son elásticas y su cumplimiento es selectivo. Frente a esta dinámica, la normalización de la apatía política y la consolidación de una desafección general se vuelven preocupantes. La percepción de que el voto es una elección entre el "mal menor" se convierte en un reflejo de un sistema que ha perdido su legitimidad a los ojos de muchos. Sin partidos sólidos ni líderes carismáticos que movilicen a las masas, el panorama electoral se reduce a una colección de individualidades, cada una lidiando con su propia incertidumbre en un país que lucha por encontrar su rumbo. Así, la ciudadanía relativa se convierte en un rasgo distintivo de la democracia peruana contemporánea. La falta de una narrativa común que una a los ciudadanos, sumada a la fragmentación social y a la desconfianza en las instituciones, plantea un desafío monumental. La solución no radica simplemente en la implementación de reformas, sino en la necesidad de una reflexión profunda sobre cómo se ha construido nuestra relación con la ley y la política en un contexto donde la informalidad parece haber llegado para quedarse. La historia de la informalidad en el Perú es, en última instancia, una reflexión sobre la identidad y el futuro de una nación en constante transformación.