Controversia en Comisión de Ética por propuesta de incluir externos

La Comisión de Ética del Parlamento se encuentra en medio de una controversia tras la propuesta del presidente de dicho grupo, Diego Bazán, de incluir a personas externas al Congreso, en un intento por evitar los blindajes a los parlamentarios acusados de diversas faltas éticas. Esta medida ha generado debate y cuestionamientos, especialmente luego de que se conociera que actas de la Presidencia del Consejo de Ministros no registran la participación de Dina Boluarte en los Consejos de Ministros. Durante la sesión de la Comisión de Ética del último lunes, se decidió abrir una indagación preliminar a la congresista Kelly Portalatino, lo que desató una serie de críticas y señalamientos hacia la gestión de Bazán al frente de este grupo de trabajo. Bazán ha expresado su intención de presentar un proyecto de ley para reformar la Comisión de Ética e incluir a personas ajenas al Congreso como parte de esta instancia, buscando mayor transparencia y objetividad en los procesos de investigación y sanción. Uno de los puntos más álgidos en esta discusión es el hecho de que la Comisión de Ética, bajo la dirección de Bazán, ha sido señalada por presuntos blindajes a congresistas implicados en casos de "mochasueldos". La falta de sanciones contundentes y la percepción de impunidad han generado malestar en la opinión pública y han puesto en entredicho la capacidad de autorregulación del Parlamento en temas éticos. La propuesta de Bazán de integrar a personalidades externas a la Comisión de Ética no es nueva en el Congreso. En años anteriores, se han presentado iniciativas en este sentido, buscando garantizar una mayor imparcialidad en los procesos de investigación y sanción. Sin embargo, las resistencias y la dinámica política interna han impedido que estas propuestas se concreten, dejando en evidencia las limitaciones del sistema actual. El excongresista Alberto de Belaunde, quien ha abogado por reformas en la Comisión de Ética, considera que la propuesta de Bazán es un paso en la dirección correcta, pero insuficiente. De Belaunde sostiene que es necesario que la sanción final sea establecida en el pleno del Congreso, para evitar posibles blindajes y garantizar la rendición de cuentas de los parlamentarios ante la ciudadanía. Por su parte, Fabiola Morales, ex presidenta de la Comisión de Ética, no está de acuerdo con la propuesta de incluir personalidades externas en dicha instancia. Morales considera que la competencia para sancionar a los parlamentarios por faltas éticas debe recaer en los propios congresistas, siempre y cuando actúen conforme a los principios del Código de Ética Parlamentario. El abogado Alejandro Rospigliosi, experto en derecho parlamentario, ha destacado la necesidad de cambios en la Comisión de Ética para evitar el blindaje a los congresistas. Rospigliosi sostiene que la propuesta de modificar la composición de la comisión puede contribuir a un escenario más transparente y justo, alejado de la impunidad y los favores políticos. En medio de este debate, se han cuestionado las decisiones de la Comisión de Ética presidida por Bazán, especialmente en casos donde se han archivado denuncias contra parlamentarios, como en el caso del presidente del Congreso, Alejandro Soto. La falta de sanciones contundentes y la percepción de falta de transparencia han generado desconfianza en la labor de esta instancia y han puesto en tela de juicio la capacidad del Parlamento para autorregularse. Ante esta situación, la propuesta de Bazán de reformar la Comisión de Ética con la inclusión de personalidades externas se presenta como un intento por mejorar la imagen y la efectividad de este grupo de trabajo. Sin embargo, las resistencias internas y la dinámica política podrían obstaculizar esta iniciativa, dejando abierta la incógnita sobre el futuro de la ética parlamentaria en el país.