Congreso en la mira: polémicas decisiones y postergaciones generan preocupación y descontento

El Congreso se encuentra inmerso en una intensa sesión que se extenderá a lo largo de cuatro días consecutivos, con el objetivo de aprobar diversos dictámenes antes de que culmine la actual legislatura el próximo 15 de junio. Sin embargo, uno de los temas que ha generado mayor controversia y que corre el riesgo de no ser debatido es el que busca impedir la postulación de condenados por delitos graves como el asesinato. El congresista Alejandro Muñante, de Renovación Popular, ha manifestado que su bancada solicitará que este tema se incluya en la agenda de prioridades durante la sesión parlamentaria. A pesar de las limitaciones que enfrentan debido al reducido número de congresistas que conforman su bancada, Muñante ha expresado su compromiso por llevar adelante esta propuesta. Por su parte, la presidenta de la Comisión de Constitución, Martha Moyano, será la encargada de decidir si el dictamen que busca prohibir la postulación de condenados por asesinato llega a votación. Aunque el proyecto se encuentra en la agenda del pleno, no se vislumbra una clara voluntad política para abordar este tema en la presente legislatura. El analista político Jeffrey Radzinsky ha señalado que las prioridades del Congreso parecen responder más a intereses particulares que a la relevancia de los temas para la política nacional. A pesar de que se logró consenso en tiempo récord en otros asuntos, como la modificación de la definición de crimen organizado, la propuesta que busca establecer restricciones para postular a cargos públicos permanece en un cuarto intermedio desde diciembre pasado. Además, la falta de voluntad para debatir los informes de la Comisión de Ética que recomiendan la suspensión de congresistas como Juan Carlos Lizarzaburu, Jorge Luis Flores Ancachi y Katy Ugarte ha generado preocupación. A pesar de que dichos informes fueron aprobados en enero pasado, no han sido incluidos en la agenda parlamentaria para las sesiones actuales, lo que sugiere un blindaje de los legisladores investigados. El caso de Lizarzaburu, quien enfrenta una suspensión de 120 días por expresiones misóginas, así como el de Flores Ancachi, acusado de recortar las remuneraciones de sus trabajadores, y Ugarte, cuyos asesores han sido señalados de recortar sueldos, evidencian la urgencia de abordar estas situaciones. Sin embargo, la falta de acción por parte del pleno del Congreso genera un clima de impunidad y descontento entre la ciudadanía. En este sentido, es fundamental que el Congreso priorice los temas de interés nacional y actúe con transparencia y responsabilidad en el manejo de los casos éticos que involucran a sus miembros. La falta de acción en asuntos tan relevantes como la prohibición de postular a condenados por asesinato y la suspensión de congresistas investigados pone en tela de juicio la capacidad del Parlamento para cumplir con su función de manera ética y eficiente.