El expresidente Martín Vizcarra en medio de la controversia por compra de pruebas rápidas: entre el informe del Congreso y la investigación judicial. La importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en Perú.

El expresidente Martín Vizcarra ha sido nuevamente blanco de la controversia política en Perú debido a un informe del Congreso que lo denunció en el 2013 por la compra de pruebas rápidas en el contexto de la pandemia de COVID-19. Este informe, elaborado por la Comisión de Fiscalización del Congreso, concluyó que existía responsabilidad por parte de Vizcarra para ser denunciado constitucionalmente por el delito de colusión y procesado a nivel judicial. Estas acusaciones se basan en una serie de hechos relacionados con la adquisición de 1 millón 400 mil pruebas rápidas durante su mandato. La compra de estas pruebas se llevó a cabo a pesar de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que abogaban por el uso de pruebas moleculares o PCR para la detección del COVID-19. Según el informe de la Comisión de Fiscalización, el gobierno de Vizcarra cambió abruptamente su política de detección al incluir las pruebas rápidas, sin un sustento técnico o legal que respaldara esta decisión. Uno de los puntos clave de la investigación fue una reunión realizada el 18 de marzo en la sede del Ministerio de Economía y Finanzas, en la que participaron el expresidente, representantes de empresas y funcionarios. En esta reunión, se habría discutido la adquisición de las pruebas rápidas con la participación de empresas privadas interesadas en contratar con el Estado para la venta de estos insumos. El informe sostiene que hubo un posible favorecimiento a estas empresas en el proceso de adquisición. Además, se señala que Martín Vizcarra y sus exministras de Salud y Economía habrían concertado la compra de las pruebas rápidas, apartándose de las recomendaciones de organismos internacionales y de los expertos en salud del país. Esto llevó a la recomendación de formular una acusación constitucional contra Vizcarra y las exministras por el delito de colusión, lo que implicaría levantarles la inmunidad parlamentaria y remitir el caso a la fiscalía para un proceso judicial. Sin embargo, la investigación de la Fiscalía de la Nación no encontró elementos que evidenciaran un direccionamiento o irregularidades en la adquisición de las pruebas rápidas. Tras analizar testimonios y documentos relacionados con el proceso de compra, el fiscal concluyó que el procedimiento se desarrolló siguiendo las reglas y condiciones establecidas para las contrataciones directas, y que no se detectaron conductas delictivas por parte de los funcionarios investigados. Es importante destacar que si bien el informe del Congreso recomienda acusar constitucionalmente a Martín Vizcarra y otros implicados, la Fiscalía determinó que no existen pruebas que respalden las acusaciones de colusión. Esta discrepancia entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial refleja la complejidad de abordar casos de corrupción y señalamientos en el ámbito político, donde las interpretaciones pueden variar significativamente. En medio de estas acusaciones y contrapuntos, es fundamental que la justicia actúe de manera imparcial y basada en evidencias sólidas para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en la función pública. La ciudadanía peruana espera que los casos de corrupción sean investigados a fondo y que los responsables, si es que los hay, sean llevados ante la justicia para responder por sus acciones. La controversia en torno a la compra de pruebas rápidas durante la gestión de Martín Vizcarra pone de manifiesto la importancia de la transparencia y la integridad en la administración pública, así como la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y vigilancia para prevenir y combatir la corrupción en todos los niveles de gobierno. Es fundamental que se esclarezcan los hechos y se llegue a una conclusión basada en la evidencia para garantizar la justicia y la legitimidad en el sistema político peruano.