Juan Brignardello Vela
Juan Brignardello Vela, asesor de seguros, se especializa en brindar asesoramiento y gestión comercial en el ámbito de seguros y reclamaciones por siniestros para destacadas empresas en el mercado peruano e internacional.
En México, un país marcado por una rica historia política y una diversidad cultural impresionante, nos encontramos con peculiaridades en su sistema electoral y en la duración del mandato presidencial que vale la pena analizar. Uno de los aspectos que más llama la atención es la ausencia de una segunda vuelta electoral, un mecanismo común en la mayoría de países de América Latina para definir al ganador en caso de que ningún candidato alcance una mayoría clara en la primera votación. México es uno de los seis países de la región donde no se realiza una segunda vuelta electoral, junto con Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Venezuela. Esta particularidad hace que, en las elecciones presidenciales mexicanas, gane quien obtenga el mayor número de votos en una sola vuelta, sin necesidad de un enfrentamiento entre los dos candidatos más votados. A pesar de que en los últimos 20 años se han realizado intentos por establecer la segunda vuelta en México, no ha habido éxito en su implementación. La discusión se reactiva en contiendas competidas o con controversias, pero hasta el momento prevalece el método de mayoría relativa para elegir al presidente, gobernadores, alcaldes y legisladores en el país. Uno de los argumentos a favor de la segunda vuelta es que busca garantizar que el candidato vencedor cuente con un respaldo mayoritario de la población, otorgándole así una mayor legitimidad. Este sistema, originario de Francia en la década de 1850, ha sido adoptado por varios países para fortalecer la representatividad de sus gobiernos y evitar conflictos por falta de apoyo popular. En el caso de México, la ausencia de una segunda vuelta ha generado situaciones donde los presidentes electos no han contado con el respaldo de más del 50% de los votantes registrados. Ejemplos como la elección de Vicente Fox con un 42% de los votos, Felipe Calderón con un 36,38% y Enrique Peña Nieto con un 38%, muestran la falta de un respaldo mayoritario en las urnas. El actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, es una excepción a esta tendencia, ya que en 2018 logró un 53% de apoyo del electorado. Sin embargo, la discusión sobre la necesidad de una segunda vuelta sigue latente en México, especialmente en un contexto donde la competencia electoral se intensifica y la legitimidad de los gobernantes es un tema de relevancia. Otro aspecto peculiar del sistema político mexicano es la duración del mandato presidencial, que se extiende a seis años. México y Venezuela son los únicos países de América Latina donde el presidente gobierna por este periodo, mientras que en el resto de la región el periodo es de cuatro o cinco años, con posibilidad de reelección. Esta característica se remonta a la Constitución de 1917, surgida de la Revolución Mexicana y el gobierno autoritario de Porfirio Díaz, que estableció inicialmente un periodo de gobierno de cuatro años. La ampliación a seis años se dio en la década de 1920, durante el gobierno del presidente Álvaro Obregón, en un contexto de cambios políticos y sociales tras la Revolución. A pesar de esta prolongada duración del mandato presidencial en México, la reforma constitucional de 2014 acotó el periodo que transcurre entre la elección y la toma de posesión del presidente, pasando del 1 de diciembre al 1 de octubre. Esta modificación, implementada durante el mandato de López Obrador, busca acortar el tiempo de transición y asegurar una continuidad en el gobierno. En conclusión, México se destaca en América Latina por no contar con una segunda vuelta electoral y por tener un periodo presidencial de seis años, particularidades que influyen en la dinámica política y en la representatividad de los gobernantes en el país. La discusión sobre la necesidad de reformar el sistema electoral para garantizar una mayor legitimidad y representatividad en las elecciones continúa vigente en un contexto de cambios y desafíos para la democracia mexicana.