La CPI y sus investigaciones sobre Israel y Palestina: ¿Justicia internacional en acción?

La Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, ha captado la atención mundial en las últimas semanas debido a las investigaciones en curso sobre presuntos crímenes cometidos en Israel y los Territorios Palestinos. El fiscal de la CPI, Karim Khan, ha solicitado órdenes de detención contra líderes de ambos bandos, generando un intenso debate sobre la jurisdicción y los delitos que puede investigar este tribunal internacional. El lunes, Khan pidió órdenes de detención contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y su ministro Yoav Gallant por presuntamente "matar deliberadamente de hambre a civiles", cometer "homicidio intencionado" y participar en actos de "exterminio y/o asesinato" en la Franja de Gaza. Asimismo, solicitó órdenes de detención contra tres líderes de Hamás por crímenes como "exterminio", "violación y otros actos de violencia sexual" y "toma de rehenes como crimen de guerra" en Israel y Gaza. Para comprender el alcance de los delitos que investiga la CPI, es fundamental tener en cuenta que este tribunal es un órgano judicial independiente con competencia para juzgar a individuos acusados de cometer genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Su fundamento jurídico es el Estatuto de Roma, adoptado en julio de 1998 y ratificado por 124 países, incluyendo Armenia, el último en sumarse a esta instancia. El crimen de genocidio, según el Artículo 6 del Estatuto de Roma, abarca actos cometidos con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como la matanza de miembros del grupo, la imposición de condiciones de existencia que acarreen su destrucción física y el traslado forzoso de niños del grupo, entre otros. Para que se configure genocidio, se requiere una intención específica de destruir el grupo en cuestión. Por otro lado, los crímenes de lesa humanidad, definidos en el Artículo 7 del Estatuto de Roma, comprenden actos como el asesinato, la tortura, la violación y otros abusos graves contra la población civil, cometidos de forma generalizada o sistemática y con conocimiento de un ataque contra dicha población. Estos crímenes son considerados atentados contra la humanidad en su conjunto y no deben quedar impunes. En cuanto a los crímenes de guerra, establecidos en el Artículo 8 del Estatuto de Roma, se incluyen violaciones graves de la Convención de Ginebra y otras normas aplicables en conflictos armados internacionales y no internacionales. Entre estos crímenes se encuentran el asesinato, la mutilación, la toma de rehenes, los ataques contra civiles y la utilización de niños en hostilidades, entre otros. Es fundamental diferenciar entre los conflictos armados internacionales y no internacionales para determinar la jurisdicción de la CPI sobre estos delitos. Además, la CPI también investiga el crimen de agresión, que implica el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, integridad territorial o independencia política de otro Estado. Este delito se aplica a líderes políticos o militares que planifiquen, preparen, inicien o ejecuten actos de agresión, como invasiones o ocupaciones militares, siendo necesario demostrar una violación manifiesta de la Carta de las Naciones Unidas. En resumen, la CPI tiene la responsabilidad de investigar y enjuiciar los crímenes más graves que afectan a la comunidad internacional en su conjunto, como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión. A través de su labor, este tribunal busca garantizar la justicia y la rendición de cuentas por violaciones flagrantes de los derechos humanos y el derecho internacional.