Avances y desafíos tras proceso de inhabilitación en la JNJ: la ruta hacia un cambio positivo

El proceso de inhabilitación de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) ha llegado a su fin sin una inhabilitación masiva, lo cual representa un paso positivo en medio de la intensa polarización política que ha marcado la escena nacional en los últimos tiempos. Sin embargo, para que este sea verdaderamente un punto de quiebre, es fundamental que se ponga fin a la persecución política y se dé paso a una agenda constructiva de reformas políticas, económicas y judiciales. El Congreso ha dado un primer paso en esta dirección al aprobar la reforma constitucional de la bicameralidad y la reelección, medidas que buscan mejorar la calidad de las leyes y la representación política en el país. La posibilidad de que los candidatos presidenciales puedan postular al Congreso promete fortalecer el sistema político al contar con líderes de alto nivel en el Parlamento, lo que podría elevar el debate político y la capacidad de llegar a acuerdos. No obstante, la implementación de la bicameralidad requiere de reformas complementarias que mejoren la representación y la transparencia en el financiamiento de campañas electorales. Es fundamental que se aborden también las inconsistencias en la reforma constitucional sobre impedimentos para postular, a fin de garantizar una representación equitativa. El cambio de primer ministro y la renovación de varios ministros en el Gabinete son señales de un gobierno más decidido a emprender cambios y tomar decisiones que impulsen la confianza y la inversión privada en el país. Sin embargo, la seguridad ciudadana sigue siendo un punto débil que requiere atención urgente. El nuevo premier, Gustavo Adrianzén, debe liderar un plan efectivo de lucha contra la criminalidad, especialmente en regiones como Trujillo y Pataz, donde la violencia y la delincuencia han causado estragos. Es necesario implementar estrategias inteligentes que involucren a las comunidades y a los sectores informales en la lucha contra las bandas criminales. Además, es fundamental realizar cambios en el Código Procesal Penal para agilizar las investigaciones policiales y fortalecer la formalización de los mineros informales, una población importante que necesita ser integrada a la economía formal para desactivar actividades ilegales. En este momento crucial, es imprescindible que el gobierno y el Congreso aborden los problemas de manera proactiva y busquen soluciones efectivas que impulsen el desarrollo del país y mejoren la calidad de vida de todos los peruanos. La coyuntura actual presenta una oportunidad única para avanzar hacia un futuro más próspero y seguro para todos.