Confusión en el Gobierno peruano por postura ambigua sobre crisis en Venezuela

Las recientes declaraciones del Gobierno peruano sobre la situación en Venezuela han generado una ola de críticas y confusión, evidenciando contradicciones en la política exterior del país. La presidenta Dina Boluarte, tras un periodo de silencio, ha intentado suavizar la controversia que surgió después de las declaraciones del nuevo canciller, Elmer Schialer. Sin embargo, su intervención más reciente ha dejado claro que, a pesar de las afirmaciones de continuidad en la política exterior, hay un cambio notable en el reconocimiento de autoridades venezolanas. Boluarte subrayó que no apoyará un “fraude electoral” y reafirmó la necesidad de que las autoridades venezolanas presenten las actas que certifiquen la victoria de Nicolás Maduro. A pesar de su firmeza al abordar el tema, evitó referirse a Edmundo González Urrutia como presidente electo, prefiriendo llamarlo “candidato de la oposición”. Esta ambigüedad ha sido vista como un guiño a una postura más cauta y menos comprometida con la oposición venezolana. El nuevo canciller, en sus primeras declaraciones, había establecido que "los problemas de Venezuela deben ser resueltos por los venezolanos", eludiendo incurrir en términos como "fraude" para describir los resultados de las elecciones del 28 de julio. Esto contrastó fuertemente con la postura de su predecesor, Javier González-Olaechea, quien había reconocido a González Urrutia como el legítimo presidente electo de Venezuela, lo que pone de manifiesto una disonancia en el enfoque del Gobierno. Al cuestionar la falta de un reconocimiento claro hacia el líder opositor, el primer ministro Gustavo Adrianzén se unió a la confusión general. Durante una entrevista, Adrianzén evitó calificar como fraude los resultados de las elecciones y se limitó a pedir que se muestren las actas, reafirmando que la postura de Perú no había cambiado. Sin embargo, sus comentarios son percibidos como una contradicción directa con la postura anterior del Gobierno. Esa falta de claridad ha llevado a que miembros del Congreso demanden explicaciones ante la Comisión de Relaciones Exteriores. Los congresistas Alejandro Cavero y Alejandro Muñante han criticado la tibieza de la presidenta y su gabinete ante lo que consideran una dictadura en Venezuela. Cavero destacó la responsabilidad moral de Boluarte de reconocer a González como presidente electo, sugiriendo que su falta de acción es un acto reprochable, especialmente dado el contexto en que muchos apoyaron su legitimidad como presidenta en Perú. El dilema se intensifica cuando se considera que, durante la gestión de González-Olaechea, el Gobierno peruano había emitido comunicados que condenaban abiertamente el fraude electoral en Venezuela. Sin embargo, el nuevo enfoque parece desdibujar esas líneas, creando un ambiente de incertidumbre tanto en la política interna como en las relaciones internacionales. Schialer, en defensa de sus declaraciones, insistió en que su posición fue malinterpretada y que no había un cambio de giro en la política exterior. Sin embargo, la falta de un pronunciamiento claro sobre el reconocimiento de las autoridades electas en Venezuela ha dejado la puerta abierta a la especulación y la crítica. La situación se complica aún más considerando que la comunidad internacional observa atentamente los movimientos del Gobierno peruano. En un momento donde la crisis venezolana sigue siendo un tema candente, la falta de una postura clara podría poner en riesgo la imagen de Perú como un actor comprometido con la democracia en la región. La presión sobre el Gobierno para que clarifique su posición es inminente, y la citación de Schialer al Congreso podría ser crucial para restablecer una postura coherente. Mientras tanto, la falta de una respuesta contundente y unificada sobre la crisis venezolana continúa generando preocupación y frustración en diversos sectores de la sociedad peruana. Finalmente, el dilema presentado por la situación venezolana no solo refleja un desafío en la política exterior, sino que también pone de relieve las tensiones internas dentro del Gobierno peruano. Con cada declaración contradictoria, se hace evidente que la política exterior de un país no puede ser tratada con tibieza, especialmente en un contexto internacional donde la democracia y los derechos humanos están constantemente en juego.