Aumento de los ataques aéreos en Birmania deja a civiles inocentes en un miedo y sufrimiento desesperados.

A raíz de la creciente violencia en Myanmar, la junta militar ha intensificado su brutal campaña de bombardeos aéreos contra objetivos civiles, dejando un rastro de devastación y profundizando la crisis que ha afectado a la nación desde el golpe de estado en febrero de 2021. El reciente bombardeo del pueblo de Lat Pan Hla, que resultó en la muerte de una mujer embarazada de ocho meses, destaca el trágico costo que este conflicto está teniendo en vidas inocentes. Mientras las familias se resguardan del ensordecedor rugido de los aviones militares, el miedo impregna el aire. El desgarrador testimonio de U Har San sobre el desesperado intento de su familia por protegerse del ataque pinta un vívido retrato del caos y la desesperación. “Nos arrastramos debajo de una mesa, y nuestra hija se escondió debajo de la cama. Incluso en nuestro propio hogar, no estábamos a salvo”, dijo, recordando el momento en que una bomba cayó y destrozó su mundo. La pérdida de su hija, Ma Zar Zar Win, quien esperaba con ansias el nacimiento de su hijo, es un golpe devastador no solo para la familia, sino para toda la comunidad. Este trágico incidente es parte de una estrategia más amplia empleada por la junta, que parece estar recurriendo a bombardeos cada vez más indiscriminados mientras lucha por sofocar el impulso de los movimientos de resistencia en todo el país. Incapaz de confrontar a las fuerzas rebeldes de manera efectiva en el terreno, el ejército ha desatado su ira contra los civiles, utilizando bombardeos aéreos para infundir miedo y desestabilizar el tejido social. Informes de bombardeos dirigidos a bodas y sitios religiosos ilustran una táctica desalmada destinada a aterrorizar a la población, con ataques recientes que han cobrado la vida de alrededor de 60 personas. A pesar de los esfuerzos de la junta por suprimir la resistencia, los ejércitos rebeldes están logrando avances significativos. En un movimiento audaz, recientemente tomaron el control de una prisión en el estado de Shan, liberando a cientos de prisioneros políticos, mientras que otro grupo capturó un aeropuerto civil en el estado de Rakhine. Estas victorias tácticas simbolizan aún más la dinámica cambiante en el terreno, donde la potencia militar de la junta está siendo desafiada por fuerzas de oposición decididas y organizadas. Sin embargo, la junta se mantiene imperturbable, continuando con su bombardeo aéreo con alarmante frecuencia. Según el Myanmar Peace Monitor, una organización sin fines de lucro que rastrea tales ataques, los bombardeos aéreos han cobrado la vida de al menos 1,188 civiles desde que el ejército usurpó el poder. Asombrosamente, el ejército ha llevado a cabo más ataques aéreos en la primera mitad de este año que en todo el año anterior combinado, lo que indica una tendencia ominosa y una capacidad para eludir las sanciones internacionales destinadas a restringir el flujo de recursos esenciales, incluido el combustible para aviones. La comunidad internacional ha expresado su preocupación por el desprecio flagrante de la junta por la vida humana, sin embargo, la capacidad del régimen para obtener combustible para aviones plantea interrogantes sobre la efectividad de las sanciones. A pesar de los llamados a la rendición de cuentas y la justicia, la tragedia continua en Myanmar subraya una dura realidad: los civiles están soportando el peso de un conflicto que no muestra signos de aminorar. A medida que el conflicto se profundiza, las voces de aquellos afectados por la violencia deben ser amplificadas, recordando al mundo el costo humano de las luchas por el poder político. La difícil situación de los civiles inocentes atrapados en el fuego cruzado sirve como un recordatorio conmovedor de la urgente necesidad de una resolución a la crisis en curso en Myanmar, una que priorice la paz, la justicia y la protección de los derechos humanos.