Antauro Humala y la polémica sobre antecedentes penales en la política: ¿Democracia en riesgo?

El pasado mes de agosto, nos sorprendimos al enterarnos de que Antauro Humala, líder del levantamiento en Andahuaylas en 2005, había sido excarcelado gracias a supuestas horas de trabajo y cursos de manualidades y repostería, algo que él mismo negó posteriormente. Esta situación ha vuelto a poner en la palestra la discusión sobre la participación de personas con antecedentes penales en la vida política del país, especialmente en un contexto en el que se debate un dictamen en el Congreso que busca establecer restricciones para estos casos. El dictamen aprobado en la Comisión de Constitución del Congreso plantea que los condenados por delitos graves, como terrorismo, tráfico ilícito de drogas, corrupción, entre otros, deben esperar hasta diez años después de cumplir su condena para postular a cargos de elección popular o ejercer funciones públicas. Una medida que busca proteger a la sociedad de posibles amenazas a la democracia, considerando la gravedad de los delitos cometidos. Sin embargo, a pesar de la importancia de este dictamen, su aprobación en el pleno del Congreso se ha visto demorada. El presidente del Congreso y la presidenta de la Comisión de Constitución parecen estar pasándose la responsabilidad, dejando en el limbo una decisión crucial que debería estar lista para las elecciones del 2026. Esta dilación solo demuestra una falta de compromiso con la democracia y la seguridad de los ciudadanos. Resulta preocupante que, a pesar de las disposiciones constitucionales actuales que prohíben a condenados postular a cargos de elección popular en primera instancia, aún existan vacíos legales que permitan situaciones como la inscripción del partido A.N.T.A.U.R.O. en el JNE. Una muestra de que la democracia no puede permitirse ser ingenua ni boba, y que es necesario establecer límites claros para proteger su integridad. La resistencia de algunos congresistas a debatir y aprobar este dictamen ha generado especulaciones sobre posibles intereses personales involucrados. Se ha mencionado que algunos parlamentarios podrían temer que esta medida afecte sus propias aspiraciones políticas, lo que evidencia una falta de compromiso con el bienestar de la sociedad y la transparencia en la vida política del país. En este contexto, la postura de la presidenta Dina Boluarte, quien busca evitar ser investigada, también genera interrogantes sobre la verdadera intención detrás de esta resistencia a establecer medidas que promuevan la integridad de la democracia. Es necesario recordar que la rendición de cuentas y la transparencia son pilares fundamentales de un sistema democrático sólido, y que cualquier intento de eludir la justicia solo socava la confianza de la ciudadanía en sus representantes. En conclusión, la discusión en torno a la participación de personas con antecedentes penales en la vida política del país no es solo un tema legal, sino también ético y moral. La democracia no puede permitirse ser complaciente con aquellos que han quebrantado la ley y atentado contra la seguridad y el bienestar de la sociedad. Es necesario establecer mecanismos claros y efectivos para proteger la integridad de nuestras instituciones y garantizar la confianza de los ciudadanos en el sistema democrático.