Crisis de violencia en Cisjordania: colonos israelíes superan límites tolerables

La situación en Cisjordania y la política de asentamientos israelíes han alcanzado un punto crítico, donde la violencia de los colonos se ha intensificado, desbordando los límites de lo que se consideraba tolerable incluso para el propio gobierno israelí. Este octubre, la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) reportó un alarmante incremento en los ataques de colonos israelíes contra palestinos, alcanzando un récord de 264 incidentes, es decir, ocho agresiones diarias. Este escenario, marcado por un contexto de cosechas y festividades, ha generado una presión creciente sobre el gobierno de Benjamin Netanyahu, que se enfrenta a un dilema difícil de manejar.

El fenómeno de la violencia de los colonos no es nuevo, pero la radicalización de ciertos grupos dentro de estos asentamientos ha puesto en alerta a las autoridades. La Juventud de las Colinas, un grupo de jóvenes extremistas, ha sido identificada como responsable de actos violentos, que incluyen agresiones físicas y vandalismo sistemático. A pesar de ser catalogados como terroristas por el Shin Bet, el servicio de inteligencia israelí, estos grupos han operado con una impunidad alarmante. Ahora, el gobierno se ve obligado a responder ante la escalada de violencia, lo que representa una situación que podría escapar de su control.

A medida que los ataques han proliferado, también lo ha hecho la condena oficial. Por primera vez, figuras del alto mando israelí, incluido el presidente Isaac Herzog, han denunciado públicamente la violencia de los colonos. Herzog advirtió que estos "individuos violentos" han cruzado "una línea roja", señalando la creciente preocupación por cómo estas acciones no solo afectan a la población palestina, sino que también ponen en riesgo la reputación y los objetivos del propio estado israelí. Sin embargo, esta reacción parece tardía y, en muchos sentidos, insuficiente.

Netanyahu, quien ha sostenido un gobierno de inclinaciones derechistas, se enfrenta a un dilema complicado: por un lado, debe contener la violencia que podría desestabilizar su gobierno, y por otro, no puede alienar a su base de apoyo, que incluye a influentes figuras como Itamar Ben Gvir y Bezalel Smotrich, fervientes defensores de la expansión de asentamientos en tierras palestinas. Este conflicto interno se convierte en un juego peligroso, donde las palabras de condena pueden ser solo un intento de apaciguar la opinión pública y distanciarse de los extremismos que su propio gobierno ha fomentado.

Las acciones concretas de las Fuerzas de Defensa Israelíes (FDI) también han sido objeto de análisis. A pesar de que han expresado su intención de frenar la violencia entre los colonos y los palestinos, se ha documentado que el ejército ha facilitado en ocasiones estos ataques. La situación revela una complicidad que pone de manifiesto la complejidad del conflicto. Además, el jefe del Estado Mayor ha advertido que la violencia de los colonos podría limitar la capacidad de acción de Israel en otros frentes, lo que añade una capa más de urgencia a la situación.

La propuesta de una reunión para abordar la crisis de la violencia colonizadora ha sido criticada por la falta de acciones contundentes. A pesar de la insistencia del gobierno en establecer programas educativos y diálogo, la ausencia de figuras clave, como Smotrich y Ben Gvir, en estos debates, pone en entredicho la sinceridad de estas iniciativas. La falta de una respuesta coherente y decisiva por parte de las autoridades podría interpretarse como una señal de que el gobierno realmente no tiene una estrategia efectiva para abordar la violencia que él mismo ha permitido florecer.

La justicia también se enfrenta a un grave cuestionamiento, ya que la mayoría de las denuncias sobre crímenes cometidos por colonos se desestiman sin cargos. La estadística es alarmante: el 94% de las investigaciones abiertas por la Policía israelí sobre la violencia de colonos entre 2005 y 2024 no resultaron en acusaciones formales. Esta práctica da la impresión de que el estado está más dispuesto a proteger a los colonos que a garantizar la justicia para las víctimas palestinas.

La voz de los palestinos también resuena en este contexto. Testimonios como el de Mahmud Daghamin, quien grabó cómo colonos atacaron a su ganado, ilustran la desesperación y la frustración de aquellos atrapados en este ciclo de violencia. La falta de respuesta adecuada por parte de las autoridades israelíes refuerza la percepción de que el sistema judicial no actúa de manera equitativa, perpetuando un estado de impunidad que a su vez alimenta el resentimiento y la violencia.

A pesar de las medidas simbólicas, como el desmantelamiento de algunos asentamientos ilegales, la realidad es que el gobierno israelí ha sido metódico en su aproximación hacia los asentamientos en Cisjordania. La demolición de Givat Hatilim, aunque anunciada como un paso hacia la legalidad, se percibe más como un gesto político que como un cambio de rumbo genuino. La presencia casi omnipresente de la extrema derecha en el gobierno sugiere que cualquier intento de limitar la violencia de los colonos será superficial.

En conclusión, la situación en Cisjordania es un microcosmos del conflicto más amplio entre israelíes y palestinos, donde la violencia y la política se entrelazan de maneras complejas. La presión internacional y las voces críticas dentro de Israel están comenzando a desafiar la narrativa de impunidad que ha caracterizado a las políticas de asentamiento en el pasado. Sin embargo, la evolución de esta crisis dependerá en gran medida de la capacidad del gobierno de Netanyahu para equilibrar la presión interna y externa, así como de su disposición a abordar las raíces de la violencia que ha alimentado.